Recientemente, los comentarios del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de incrementar las inversiones forzosas han generado un amplio debate en el sector financiero. Es fundamental aclarar que, hasta la fecha, estos comentarios no se han traducido en un proyecto formal ni en una propuesta legislativa. Son, más bien, una idea expresada desde el gobierno que ha suscitado diversas reacciones en el ámbito económico.

Las inversiones forzosas no son un concepto nuevo en Colombia. De hecho, existen desde hace más de 30 años, reguladas por la Ley 31 de 1992, que exige que una parte de los depósitos bancarios se destine a la adquisición de títulos emitidos por entidades públicas, como los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) emitidos por FINAGRO. Este mecanismo tiene como objetivo canalizar recursos hacia sectores específicos, como el agropecuario.

Sin embargo, es crucial considerar los efectos que un incremento en el porcentaje de estas inversiones forzosas podría tener en el sistema financiero. En primer lugar, si se aumenta el porcentaje destinado a inversiones forzosas, los bancos comerciales podrían percibir un mayor riesgo en sus carteras, lo que los llevaría a elevar las tasas de interés de los créditos tradicionales para compensar dicho riesgo. Este encarecimiento del crédito contradiría los esfuerzos de reactivación económica, especialmente en un momento en el que la inflación sigue disminuyendo y el Banco de la República ha comenzado a reducir las tasas de interés.

Por otro lado, aunque las inversiones forzosas como los TDA han formado parte de la regulación durante décadas, nunca han implicado una expropiación. Los depósitos bancarios, ya sean en cuentas de ahorro, cuentas corrientes o CDT, siguen siendo propiedad del cliente, y los bancos están obligados a devolver estos fondos según las condiciones contractuales. Aumentar las inversiones forzosas no alteraría este principio, pero sí podría tener repercusiones en el sistema financiero.

Desde la perspectiva de Caphital, esta medida no solo encarecería el crédito, retrasando aún más la tan esperada recuperación económica, sino que también podría resultar en un aumento del déficit fiscal. Esto impactaría la economía en general, ya que si los créditos no se pagan, el riesgo no lo asumiría directamente el banco comercial, sino que el déficit recaería sobre el Presupuesto General de la Nación.

Por último, es importante destacar que esta iniciativa, en caso de formalizarse, debería ser aprobada por el Congreso de la República y, posteriormente, pasar la validación de la Corte Constitucional.

En resumen, aunque las inversiones forzosas son una herramienta válida dentro del marco regulatorio colombiano, un aumento en su proporción podría tener efectos contraproducentes para la economía del país.